El Tribunal de Cuentas de España resolvió este miércoles aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y a otras 35 personas vinculadas al referendo independentista de 2017 en esa comunidad autónoma. La Corte, en sintonía con el parecer de la Fiscalía, valoró que no está acreditado que «se hayan utilizados fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, ni administrados por esta ni por otra cuenta de esta» para sufragar los gastos del proceso independentista.

Esa interpretación dejó sin sustento la acusación por presunto delito de malversación que la Justicia mantenía contra Puigdemont y demás encausados. Además de absolverlos, el Tribunal de Cuentas decidió retirarles las fianzas que tenían impuestas, las cuales superaban los 8 millones de euros (más de 8 millones 900.000 dólares).

El Tribunal estableció que entre 2011 y 2017 los líderes catalanes incurrieron en un grupo de gastos para difundir en el ámbito internacional el proceso independentista. Esta es también la tesis defendida por los acusados, por lo cual sobre este asunto no existe controversia. Sin embargo, la Corte no halló una afectación a los intereses financieros de la UE, por lo que declaró extinguida cualquier responsabilidad por malversación.

Cuando el 1ro de octubre de 2017 se aprobó la declaración de independencia de Cataluña, Puigdemont estaba al frente de su Gobierno. Este acto fue considerado ilegal. Aunque huyó a Bélgica para evitar una orden de busca y captura que pesaba contra él, un grupo de líderes del este capítulo histórico, también conocido como procés, fueron detenidos, juzgados y encarcelados. Entre ellos se encontraban otro expresidente catalán, Artur Mas, y Oriol Junqueras, actual presidente del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), así como los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo español levantó esa orden de busca y captura, lo que en principio permitía el regreso de Puigdemont a España. En esa fecha, su abogado, Gonzalo Boye, expresó que el político podría regresar una vez que se aplique la amnistía.

Algunas precisiones sobre el proceso independentista catalán

En octubre de 2017, tras intensa presión social y movilizaciones masivas, Puigdemont declaró la independencia de Cataluña de manera unilateral. A continuación, los líderes independentistas catalanes sufrieron persecución judicial. Los que permanecieron en España fueron llevados a juicio por rebelión, pero solo fueron condenados por sedición y malversación. Con posterioridad recibieron indultos y se les eliminó el delito de sedición. Salieron de prisión en junio de 2021.

Debido a una orden de captura de alcance internacional, Puigdemont fue detenido en Alemania en marzo de 2018, pero los jueces locales que analizaron su caso concluyeron que en el procés no había evidencias de violencia, que resultan necesarias para fundamentar el delito de rebelión. Por ello, decidieron no extraditarlo a España.

LEA TAMBIÉN:

Tribunal Constitucional de España da luz verde a aplicar ley de amnistía a independentistas catalanes

A estos sucesos siguió la ley de amnistía, fue una de las principales medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos independentistas catalanes acordaron aprobarla en 2023 a cambio del apoyo a Sánchez para que continuara como presidente del Gobierno.

El 8 de agosto de 2024, de manera clandestina, Puigdemont volvió a Barcelona y participó en un mitin político. A pesar de una operación para capturarlo, evadió la vigilancia policial y no consiguieron detenerlo.

Algunos medios señalan que aunque la cuestión de la independencia no figura entre las más importantes para Cataluña en estos momentos, el regreso de Puigdemont podría volver a situar a su partido, Junts, en el centro de la atención.

Junts rompió hace un año su acuerdo con el PSOE, y lo acusó de no haber cumplido los compromisos pactados. Desde entonces ha votado en contra de varias iniciativas de beneficio popular presentadas por el PSOE ante el Congreso.

El 2 de octubre pasado, precisamente Junts —junto al Partido Popular (derecha), Vox (ultraderecha) y el conservador Unión del Pueblo Navarro— votó en contra de dos reales decretos leyes sobre vivienda, que el Consejo de Ministros llevó ante la legislatura para adoptar medidas urgentes contra la crisis habitacional, los alquileres impagables y la especulación inmobiliaria.

EN ESTA NOTA: